Como consecuencia de este incidente, Greenpeace podría enfrentar la expulsión de un organismo de la ONU encargado de supervisar planes controvertidos para la explotación minera en el lecho marino.
Los países miembros de la Asociación Internacional de los Fondos Marinos de la ONU podrían decidir en los próximos días retirar a Greenpeace su condición de observador en el grupo.
Greenpeace sostiene que el incidente fue una manifestación pacífica destinada a proteger un ecosistema intacto. The Metals Company, la empresa minera involucrada, acusa a Greenpeace de ser «anticientífica». Este evento es el último capítulo de una prolongada disputa sobre el acceso a una riqueza oculta en el lecho marino. Los defensores del medio ambiente argumentan que el proyecto causará graves daños a uno de los pocos ecosistemas del planeta que permanecen intactos.
Los metales que las empresas buscan extraer se han acumulado durante millones de años en nódulos polimetálicos del tamaño de papas.
Las compañías mineras afirman que el cobre, el cobalto, el níquel y el manganeso que contienen son cruciales para la fabricación de baterías. Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de estos metales aumentará a medida que el mundo avance hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Los defensores del medio ambiente argumentan que existen suficientes reservas de estos metales en la superficie terrestre y que la minería en el fondo marino no debería permitirse hasta que se comprenda mejor el entorno de las profundidades oceánicas y su impacto potencial.
En una reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), representantes de 167 países decidirán esta semana si se toman medidas contra Greenpeace.
Estas conversaciones internacionales son parte de un esfuerzo continuo para determinar qué regulaciones deben aplicarse a las empresas que deseen extraer minerales de la llanura abisal, una de las áreas más profundas del océano. La ISA ha expresado su objetivo de tener normativas en vigor para el año 2025.
